El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio un paso atrás en una de sus acusaciones clave contra Nicolás Maduro. Retiró la afirmación de que el llamado «Cártel de los Soles» sea una organización narcotraficante real. Esta rectificación aparece en la acusación formal contra el presidente venezolano, secuestrado durante la agresión militar del 3 de enero. El cambio pone en duda la legitimidad de la designación como grupo terrorista que promovió la administración Trump en 2025.
Un término inventado, no una estructura real
La justicia estadounidense reconoce ahora lo que expertos sostenían desde hace tiempo. Especialistas en crimen latinoamericano afirman que se trata de un «término coloquial», inventado por medios venezolanos en la década de 1990. El término servía para referirse a funcionarios militares corruptos, no a un cartel con estructura operativa definida. La nueva acusación reduce drásticamente las menciones, de 32 referencias originales a solo dos.
La descripción legal ha cambiado de manera significativa. En lugar de una organización, la fiscalía ahora habla de un «sistema clientelar» y una «cultura de corrupción». Esta nueva versión sigue acusando a Maduro de conspiración para el narcotráfico, pero abandona la narrativa de un cartel estructurado. La acusación original de 2020, redactada por un gran jurado, sí lo describía como una organización criminal liderada por el mandatario.
La contradicción entre la justicia y la política
La rectificación judicial contrasta ahora con el discurso político mantenido por figuras clave. Marco Rubio, quien impulsó la designación como organización terrorista, insistió en entrevistas con NBC que se trata de un cartel real. Afirmó que seguirán reservándose el derecho a atacar barcos narcotraficantes «incluido el Cártel de los Soles», reiterando que Maduro es su líder. Esta postura muestra una clara divergencia entre la evidencia legal y la retórica política.
Expertos como Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, consideran que la nueva descripción es «exactamente fiel a la realidad«. Sin embargo, advierte que las designaciones políticas «distan mucho de la realidad», porque no necesitan ser probadas en tribunales. Esta brecha entre designación política y prueba judicial queda al descubierto con este caso.
Este giro legal debilita una de las justificaciones públicas utilizadas para la agresión militar contra Venezuela. La operación que resultó en el secuestro de Maduro se enmarcó, en parte, en la lucha contra este supuesto cartel. La rectificación plantea preguntas sobre los fundamentos fácticos de acciones de gran consecuencia geopolítica.
El caso del «Cartel de los Soles» ejemplifica cómo narrativas mediáticas pueden ser adoptadas por aparatos políticos y judiciales. Lo que comenzó como un término periodístico coloquial escaló hasta convertirse en una designación oficial con gravísimas consecuencias. La revisión judicial, aunque tardía, corrige el registro, pero no revierte los hechos ya consumados en el terreno.
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