Brasil comenzó a aplicar desde el martes 17 la Ley nº 15.211/2025. Mejor conocida como ‘Ley Felca’, que actualiza el Estatuto de la Crianza y del Adolescente (ECA) para el entorno digital. La legislación introduce restricciones y obligaciones para las empresas tecnológicas. Esto con el objetivo de extender al ámbito digital la protección que niños y adolescentes tienen en el mundo físico.
Lula: «tal vez la ley más dura del mundo»
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva sostuvo que la normativa es «tal vez la ley más dura ya hecha en el mundo». El mandatario defendió su implementación durante la Caravana Federativa en Sao Paulo. «La gente no va a permitir que ningún vagabundo intente utilizar la red digital» para cometer delitos, afirmó. También se refirió a prácticas como explotación, violencia y difusión de contenidos nocivos contra menores.
Verificación de edad y control parental
Entre sus principales disposiciones, la norma prohíbe la monetización o promoción de contenidos que representen a menores de forma sexualizada o con lenguaje adulto. Las plataformas deberán implementar métodos confiables de verificación de edad, sin que baste la simple autodeclaración.
Para menores de 16 años, las cuentas en redes sociales deberán estar vinculadas a un responsable legal. Este podrá monitorear tiempo de uso, contactos y contenidos consumidos.
Otras obligaciones para plataformas
Los servicios digitales deberán prevenir contenidos vinculados a explotación sexual, violencia, ‘cyberbullying’, juegos de azar, productos tóxicos y publicidad engañosa. La norma también refuerza la protección de datos. Exige representación legal de las plataformas en Brasil, soporte en portugués y que los servicios sean diseñados para reducir el riesgo de adicción y uso excesivo.
El origen de la ‘Ley Felca’
La norma es conocida informalmente como ‘Ley Felca’ por el ‘influencer’ brasileño Felipe Bressanim Pereira (Felca). El influencer en 2025 publicó un video de más de una hora denunciando la sexualización de menores en redes. Tmbién señaló cómo algunos creadores obtenían beneficios económicos con esos contenidos. La repercusión del caso impulsó el debate público y político que culminó en esta legislación.
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