Gobernadora Joana Sánchez niega privatización de las costas aragüeñas
La mandataria regional desmiente rumores sobre la bahía de Cata y anuncia una Ley de Convivencia para regular el uso de los espacios públicos.
La gobernadora Joana Sánchez salió al paso de las especulaciones que circulan en redes sociales sobre una supuesta privatización de las playas de la bahía de Cata. La mandataria aseguró que las costas aragüeñas no están privatizadas. Atribuyó los rumores a una falta de orientación adecuada sobre la situación real de estos espacios.
Ley de Convivencia para ordenar el disfrute
Sánchez anunció que el gobierno regional establecerá una Ley de Convivencia que incluirá normas específicas para las zonas costeras. «Sacaremos nuestra Ley de Convivencia que va a regir todas las ordenanzas, las líneas y principios que deben cumplirse cuando uno viene a la playa», explicó. Adelantó que trabajarán en ordenanzas municipales junto al alcalde Wilmer Leal en el municipio Costa de Oro.
La mandataria enfatizó que no se ha aprobado ni iniciado ningún proceso de privatización en Cata. Además, cualquier interpretación en contrario responde a información errónea.
Obras de rehabilitación en toda la costa
La gobernadora destacó los avances en infraestructura vial enmarcados en la segunda transformación. «Nosotros tenemos un trabajo bien avanzado, ya estamos haciendo intervención de baterías de baños y avanzamos con el embellecimiento del espacio colonial en Choroní», detalló.
Las labores se extienden también a Ocumare de la Costa, Chuao y Puerto Maya, consolidando un plan integral para mejorar la experiencia de turistas y locales en los principales destinos playeros de la entidad.
Llamado a la responsabilidad vial
Finalmente, Sánchez instó a los motorizados a cumplir con las normas de seguridad y evitar el consumo de alcohol durante el trayecto hacia las costas. «Señores conductores de motos utilicen la indumentaria correcta y las medidas de seguridad. Queremos que el estado Aragua enaltezca su identidad con ciudadanos de bien», concluyó.
Con estas declaraciones, el gobierno regional busca calmar las inquietudes de prestadores de servicios y turistas, reafirmando que las playas siguen siendo un patrimonio público.
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