El gobierno nacional paralizó las operaciones de siete empresas de minería no metálica en los estados Cojedes, Táchira, Zulia, Lara y La Guaira por incumplimiento de normativas legales. Las medidas fueron ejecutadas por comisiones multidisciplinarias que realizaron 118 inspecciones en conjunto con el Ministerio Público, Guardaparques y organismos de seguridad.
Como resultado del operativo, se elaboraron 25 expedientes (23 administrativos y 2 penales), se realizaron 60 citaciones formales y se aprehendió a una persona. Además, se retuvieron dos maquinarias pesadas como parte de las medidas cautelares aplicadas a las empresas infractoras.
El Ministerio de Ecosocialismo lideró estas acciones en el marco de su política de control ambiental. Contó con la participación activa del Poder Popular en labores de vigilancia y denuncia. Los casos penales fueron notificados formalmente al Ministerio Público para su procesamiento legal correspondiente.
Estas acciones forman parte de la política de control ambiental que impulsa el ejecutivo nacional. La actividad combina supervisiones técnicas con participación comunitaria para garantizar el cumplimiento de las normativas en el sector minero.
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