Este aumento de la violencia ha llevado al gobierno del presidente Gustavo Petro a considerar la declaración de estados de conmoción. También implementar la emergencia social y económica, medidas que le otorgarían facultades extraordinarias al Ejecutivo.
La vigencia de estas medidas, de ser implementadas, sería regional y limitada a la zona de Norte de Santander. Allí, miles de habitantes sienten que están regresando a los peores años de la guerra. Según diversas fuentes cercanas a la Casa de Nariño, citadas por el diario El Tiempo, la escalada de violencia está poniendo en riesgo la política de ‘paz total’, una de las principales banderas del gobierno Petro.
Sin embargo, el presidente enfrentaría un difícil examen jurídico. La Corte Constitucional ya ha fallado en contra de la declaración de emergencia ecológica, económica y social en La Guajira, lo que genera un precedente complicado. Las medidas de conmoción y emergencia se justifican solo en situaciones de especial gravedad que no puedan ser abordadas con los recursos habituales del Ejecutivo.
Impacto en la Población
En el terreno, municipios como Tibú y Ocaña han visto el desplazamiento de más de 300 familias debido a la violencia. Los enfrentamientos continúan en la zona rural, según reportes de Caracol Radio. Se espera que el gobierno nacional y el departamental anuncien medidas tras el consejo extraordinario de seguridad realizado en el corazón del Catatumbo.
La situación se torna cada vez más crítica, y la población de Catatumbo aguarda con ansiedad las decisiones que se tomen para garantizar su seguridad y bienestar en medio de esta crisis.
El Tiempo/ CaracolTV
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