Aunque parezcan muy distantes, el mundo digital no se diferencia tanto de la vida real como pensamos. Internet y las nuevas tecnologías nos mantienen conectados a distancia, y en esa distancia es donde muchos se refugian para actuar de manera diferente a como lo harían en persona, cara a cara, sin saber que sus acciones pueden ser igualmente ilegales.
Crear un grupo de WhatsApp en el que juntar a amigos, familiares o compañeros de trabajo es un gesto muy habitual al que le damos poca importancia. Sin embargo, esta actividad puede torcerse y convertirse en una pesadilla si hay insultos de por medio o revelación de datos personales, entre otros delitos.
Hemos querido saber si la creación de un grupo de chat en WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería implica algún tipo de responsabilidad legal y cómo debemos actuar en caso de delito dentro de la conversación. Para ello, hemos consultado a dos abogados expertos en nuevas tecnologías.
Los grupos de WhatsApp han pasado en los últimos años de ser una herramienta de comunicación dentro de un ámbito personal y privado a utilizarse en empresas, grupos de padres y madres en colegios, incluso entre empresarios y clientes.
«Ser administrador de un chat supone estar sometido a las mismas reglas que en cualquier ámbito de la vida» nos aclara Ignacio González Gugel, abogado y socio fundador de dPG Legal. Estás aplicaciones, por muy privadas que sean, no pueden utilizarse para cometer delitos como amenazas o violar la intimidad de las personas.
Ante cualquier tipo de delito, ya sean insultos, revelar datos personales de otros participantes o terceros, o compartir pornografía infantil, todos los participantes del grupo tiene la misma obligación de denunciarlo, nos explica Javier Franch Fleta, abogado coofundador de TeBorramos, empresa que ayuda a eliminar contenido negativo de internet. Sin embargo, los administradores cuentan con la posibilidad de gestionar la conversación.
Pueden decidir quién entra o sale del grupo, incluso impedir que una persona mande más mensajes. Esto les confiere más poder y también más responsabilidad. «El administrador no puede llevar a cabo una actitud preventiva, pero sí puede controlar y ejecutar las medidas para impedir que vuelva a ocurrir» explica Ignacio González.
Aún así, la responsabilidad mayoritaria, nos recuerda Javier Franch, sería de la persona que está compartiendo esa información que puede ser perjudicial para terceros. Franch recalca que no todos los participantes son igual de activos, incluso algunos permanecen ajenos y no se llegan a enterar nunca de lo que ocurre en el grupo de WhatsApp.
Existen dos vías por las que una persona puede ser denunciada por su actitud en estas aplicaciones. Una es la vía civil en la que se tratan casos como las amenazas o insultos y pueden acabar obligando a esa persona a resarcir al lesionado. Por otro lado, está la vía penal en la que dependiendo del delito la pena máxima puede ser el ingreso en prisión, por ejemplo, ante delitos de terrorismo o prostitución.
En los últimos años las principales denuncias relacionadas con estos grupos respondían a la protección de datos de los usuarios que se quejaban de haber sido agregados sin su consentimiento a un grupo. A raíz de ello las aplicaciones han lanzado funciones de seguridad para bloquear que cualquier usuario desconocido nos integre en un grupo que no queremos. Casos como locales o empresas que creaban grupos para informar a vecinos o clientes sin darse cuenta de que hacían así públicos los datos personales de estos.
No obstante, además de no incluir a nadie sin su permiso en un grupo, también se debe tener cuidado con lo que en ellos se comparte y para ello, los administradores tienen un papel clave.
Computer Hoy.
