El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, condenó enérgicamente el ataque y secuestro del presidente Nicolás Maduro. Calificó la acción estadounidense como una «agresión armada ilegal, de carácter terrorista». Durante un acto oficial, vinculó este hecho con lo que llamó «la agonía del derecho internacional». Su declaración se dio en el marco de la instalación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional.
La defensa de la inmunidad presidencial absoluta
Saab fundamentó su postura en principios constitucionales y legales internacionales. Enfatizó que la «Constitución de la República Bolivariana de Venezuela […] establece la inmunidad del presidente». Argumentó que esta no es una prerrogativa personal, sino un «principio de rango constitucional, de escala universal». Citó el derecho internacional consuetudinario, ratificado por la Corte Internacional de Justicia.
El fiscal sostuvo que, bajo este marco, los jefes de Estado en ejercicio «gozan de inmunidad personal absoluta». Esto significa, según su interpretación, que «no pueden ser arrestados ni procesados por tribunales extranjeros». Por lo tanto, calificó la extracción forzosa de Maduro como un «secuestro internacional». Exigió de manera inmediata la «libertad sin condiciones» del presidente y de su esposa, Cilia Flores.
Un llamado directo al juez estadounidense
Saab se dirigió directamente al magistrado Alvin K. Hellerstein, encargado del caso en Nueva York. Le pidió que admita su «falta de jurisdicción para enjuiciar a un mandatario de una nación soberana». Solicitó al juez que «respete la legalidad internacional» y proceda a reconocer esta limitación legal. Argumentó que Maduro está «protegido por una inmunidad diplomática como jefe de Estado».
La intervención del fiscal internacionaliza el debate legal más allá del conflicto político. Sitúa la discusión en el terreno del derecho internacional y las inmunidades diplomáticas. Su planteamiento cuestiona la legitimidad del proceso judicial en Estados Unidos.
Este pronunciamiento oficial marca la línea de defensa jurídica que adoptará el Estado venezolano. No se enfoca en los cargos de narcotráfico, sino en la inviolabilidad del jefe de Estado. La batalla se traslada así a los foros de derecho internacional y la diplomacia. Venezuela apela a principios universales para defender a su presidente secuestrado.
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