La Policía Federal pidió y el Poder Judicial aceptó” la medida, porque “eso está en la base de la violencia que se ha desatado contra los niños y los adolescentes” en Brasil”, según el ministro.
Aludió así a una ola de ataques y amenazas contra escuelas que comenzó a inicios de este año y que ya ha causado incidentes en centros educativos de varias regiones del país.
El más grave de los ataque ocurrió en la ciudad de Blumenau, en el sur del país, donde un hombre de 25 años ingresó armado con un hacha a una guardería y asesinó a cuatro niños e hirió a otros cinco.
El Gobierno ha atribuido esos ataques, así como miles de amenazas difundidas a través de internet, a la actividad de grupos nazis y de ultraderecha que operan en el país y se articulan por servicios de mensajería o en las redes sociales.
Frente a esa “situación de emergencia”, como la han calificado las autoridades, el Ministerio de Justicia endureció a principios de este mes las normas que rigen la actividad de las redes sociales en el país.
De acuerdo a la nueva normativa, las empresas de redes sociales deben ser más estrictas con los contenidos, fiscalizar el grado de “amenaza” y colaborar “inmediatamente” con la Policía en la debida “identificación” de usuarios “peligrosos”, entre otras exigencias.
