La presidenta encargada Delcy Rodríguez ofreció este miércoles un mensaje al país con la mira puesta en «avanzar hacia el desarrollo económico» sin renunciar a la paz. El discurso hizo un repaso descarnado de la última década: siete años de contracción del PIB, una inflación que en 2019 superó el 344.000% y el «socavamiento del concepto legal del salario». Reconoció que la migración golpeó por partida doble, primero a profesionales y luego a la población más vulnerable. El punto de partida fue claro: no repetir los «errores propios del pasado».
Recuperación con los pies en la tierra
Rodríguez presumió de 20 trimestres consecutivos de crecimiento tras el plan de 2018, pero puso un freno al triunfalismo. Aseguró que el ingreso nominal del trabajador alcanzó los 190 dólares en marzo de 2026 gracias a ingresos extraordinarios por hidrocarburos. Sin embargo, lanzó una advertencia tajante: «Ningún incremento al ingreso de los trabajadores debe estar desprovisto de fuente de financiamiento». Rechazó así los «falsos aumentos» que solo disparan la inflación y carecen de respaldo productivo. El mensaje caló hondo en un país con la memoria económica aún en carne viva.
Ante la fragilidad del salario, la mandataria defendió el blindaje del «ingreso no monetario». Detalló que el Estado cubre el 97% del costo del plan de proteínas y más del 90% de los servicios básicos de luz, agua y gas. Esa, dijo, fue «la vía que se encontró para hacer justicia social» frente al cerco financiero. La otra cara de la moneda la puso sobre la mesa al calificar de insostenible el sistema de pensiones. Hoy el Estado financia el 91% de las jubilaciones porque «ha sido perforado el modelo legal de la seguridad social», con más pensionados que cotizantes activos.
Reformas, diálogo y la defensa de PDVSA
El anuncio de nuevas reglas de juego ocupó buena parte de la alocución. Rodríguez firmó la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos con la promesa de eliminar la burocracia que «atropella al ciudadano». En paralelo, ordenó la formalización del sector trabajo para frenar la precarización. Dejó un recado nítido a quienes sueñan con una apertura en el sector energético: «Quienes en sueño aspiran la privatización de PDVSA (…) se encontrarán con la fortaleza de un pueblo decidido a defender sus recursos estratégicos». La industria petrolera seguirá en manos del Estado.
La hoja de ruta incluyó también la instalación de una comisión de diálogo laboral y la convocatoria al Consejo Nacional de Economía para alumbrar un «nuevo modelo tributario de consenso». Pidió además a la Asamblea Nacional desatascar leyes inmobiliarias para liberar medio millón de viviendas congeladas y dar oxígeno a los jóvenes. En el cierre arremetió contra las sanciones. Convocó a una gran peregrinación que arrancará el 19 de abril y culminará en Caracas el 1 de mayo. El objetivo: elevar una «sola voz en contra del bloqueo» y prometer que los recursos retenidos en el extranjero irán a salarios, infraestructura y salud.
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