En sus declaraciones, Bermúdez califica este documento como «ilegal» y «desconocedor» de la autoridad del presidente Nicolás Maduro, así como de las instituciones como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia.
El contralor ha otorgado un plazo de 72 horas al alcalde encargado de Maracaibo, Adrián Romero Martínez, y al presidente del Concejo Municipal, Omar Molina, ambos militantes de Primero Justicia, para que se pronuncien públicamente. Bermúdez les ha instado a aclarar si apoyan los términos del comunicado o si se desmarcan de él.
En una entrevista, el Dr. Bermúdez expresó su descontento, afirmando que es un «despropósito» que quienes están al frente del gobierno municipal utilicen las reglas de la democracia para socavarla. Además, intentó plantear este tema en una sesión de la Cámara Municipal programada para el 14 de enero, que fue suspendida sin previo aviso, lo que lo llevó a enviar oficios a los funcionarios mencionados.
Bermúdez fue claro al advertir que, de no recibir una respuesta o si se manifiestan a favor del comunicado, tomará las medidas legales pertinentes para defender la institucionalidad democrática y jurídica del municipio.
RDN
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